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10 dias nuevo ultimatum a los inquilinos morosos

Plazo tope para responder a la notificación judicial tras la demanda del casero

De no dar señales, se procederá a su desahucio sin necesidad de juicio

Persigue que el propietario pueda recuperar su vivienda en dos o tres meses

Esta novedosa normativa va un paso más allá del 'desahucio exprés' (2009)

'Sus resultados dependerán de los medios personales con los que se la dote'

A partir de mañana, 31 de octubre de 2011, se estrecha un poco más el cerco sobre los inquilinos morosos. Entra en vigor la Ley/37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que incorpora una importante modificación a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): los arrendatarios con rentas impagadas tendrán tan sólo 10 días para responder ante juez por la denuncia cursada por sus caseros. Si no lo hicieran en ese periodo, se procederá directamente a su desalojo si necesidad de juicio.

"Este cambio legislativo está pensado para agilizar el proceso de desahucio y para que el propietario pueda recuperar su vivienda en apenas dos o tres meses desde que presenta la demanda si se aplica bien la nueva normativa. Actualmente, este periodo -regulado por el'desahucio exprés'- se alarga, como mínimo, durante 10 ó 12 meses", explica Sergio Lusilla, abogado y director del Departamento Jurídico de Alquiler Seguro.

Esta novedosa legislación, además, viene a apuntalar la filosofía del Gobierno sobre el impulso al alquiler dentro del mercado inmobiliario. Representa, según Lusilla, un paso muy importante para "paliar la insatisfacción de los propietarios, tanto actuales como futuros, que denuncian continuamente su indefensión". Recientemente, la compañía Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) ha publicado que el número de estos inquilinos que no pagan se ha incrementado un 15,4%.

Este importante recorte en los plazos, desde que se presenta la demanda hasta que se recupera la vivienda, se deberá fundamentalmente a la no celebración del juicio. "Cuando el juez notifique al inquilino la demanda para que abandone el inmueble o pague, éste tendrá 10 días para oponerse. Si no dice nada, el juzgado pasará a ejecutar directamente el lanzamiento -devolución del inmueble a su propietario- sin necesidad de juicio. Hasta ahora, y siguiendo las pautas marcadas en 2009 por la famosa normativa del 'desahucio exprés', el juez señalaba una fecha de juicio (cinco o seis meses después) y de lanzamiento (tres o cuatro meses más de demora)", afirma Lusilla.

Por ese motivo, este abogado, especialista en temas inmobiliarios, señala que el 'desahucio exprés' ha fracasado y esta modificación legal es la mejor prueba de ello. Aunque, eso sí, dice que "no era tan malo y mejoraba sustancialmente la ley anterior porque establece una fecha para el desahucio, pero una cosa es la teoría y otra la práctica". En este sentido, no duda en calificarlo de "barco fantasma, del que todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto". "No ha habido medios para llevarlo a la realidad correctamente", denuncia.

Un temor que, según él, también sobrevuela sobre las nuevas medidas de agilización procesal. "Si las CCAA, encargadas de ejecutar lo dictado por el juzgado, no dotan de más medios, sobre todo personales, a las comisiones de lanzamiento, esta modificación legislativa no servirá de nada. Y yo, la verdad, soy algo escéptico al respecto. El número de funcionarios en estas comisiones apenas ha crecido desde 2005 en comparación con el incremento exponencial de los litigios", critica este experto jurídico.

Lusilla adelanta, que de cofirmarse sus malos presagios, "la ley sólo servirá para trasladar el atasco de los juzgados, que no tendrán que hacer las vistas, a las comisiones de lanzamiento, que se saturarán si no cuentan con el suficiente personal y no podrán realizar ágilmente todos los desahucios de inquilinos". Además, recuerda que actualmente también están desbordadas por los lanzamientos motivados por las ejecuciones hipotecarias.

Según datos oficiales a los que ha tenido acceso OJO ELMUNDO.es, el número de trabajadores de lascomisiones de lanzamiento en la Comunidad de Madrid ha pasado de 15 personas en 2005 a 31 en 2011. "Recientemente, se ha producido una reestructuración en estos órganos por el incremento de trabajo. Se ha pasado de seis comisiones (dos personas en cada una) hace seis años a las actuales 13. Además, de tres personas en la oficina a cinco", apuntan fuentes Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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Urbanismo usa un helicóptero para cazar infracciones

El ayuntamiento a levantado mas de treinta expedientes en dos urbanizaciones al este de la capital.

JAVIER GARCÍA RECIO Un helicóptero que la Policía Nacional cede ocasionalmente al Ayuntamiento de Málaga, gracias a una colaboración institucional, está sirviendo a los responsables de la Gerencia de Urbanismo para mejorar y ahondar en su vigilancia para detectar infracciones urbanísticas tanto de promotores como de particulares. Esto ha permitido detectar un número importante de infracciones en al menos dos urbanizaciones concretas de esa zona, según admitió ayer el concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, que han propiciado la apertura de decenas de expedientes sancionadores que están en trámite, algunos de hasta 200.000 euros de multa.

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Urbanismo ultima 11 convenios para nueva calles y espacios públicos

Seis de ellos se acuerdan en ámbitos determinados de la zona Este Otros cuatro están localizados en el polígono de la Azucarera y el último en la zona industrial de Los Guindos.

JAVIER GARCÍA RECIO Con la vista puesta en la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, está ultimando nuevos convenios, todos ellos limitados a áreas y espacios urbanos muy concretos. Estos convenios, que no poseen en principio implicaciones económicas, tienen el objetivo de llegar a acuerdos con los propietarios de las zonas afectadas para que éstos cedan suelo que servirá para la apertura de nuevas calles, la prolongación de otras o la creación de nuevos espacios públicos.
Los acuerdos previos ya han permitido que los distintos propietarios acepten la cesión de los suelos correspondientes y ahora queda fijar cómo el Ayuntamiento va a compensar los derechos urbanísticos de cada uno de ellos en las distintas zonas afectadas. Lo normal es que se les ofrezcan nuevos suelos en otras zonas adscritas a futuros desarrollos residenciales. 

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Abogados, maestros y psicólogos lideran las listas de parados con carrera

En Málaga casi 11.000 desempleados han pasado por la Universidad y son un 5,7% del total del paro en la provincia.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA Abogados, maestros de infantil y psicólogos encabezan la lista de titulaciones con más desempleados en las oficinas del paro en Málaga. De entrada, hay que decir que el número de universitarios que hay apuntados al desempleo en la provincia es de 10.976 personas, lo que equivale a sólo un 5,7% entre el universo de 190.000 desempleados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El porcentaje es bastante pequeño y demuestra, en opinión de la directora del SAE en Málaga, Mari Carmen López, que la elevada formación es una mejor garantía de encontrar trabajo, aunque también admite que el colectivo universitario es el que más tarda en apuntarse el paro. Los estudios de posgrado, el estudio de oposiciones o la simple búsqueda activa de empleo hacen que muchos de ellos retrasen al máximo la asimilación del planteamiento de que son desempleados. De hecho, del total de parados universitarios malagueños, menos del 3% son menores de 25 años. También hay que tener en cuenta que muchos desempleados con carrera universitaria no ven demasiado práctico el apuntarse al paro, salvo en el caso, claro está, de perder un empleo para poder cobrar la prestación.

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El edificio que cambia un barrio

Los arquitectos malagueños José Antonio Mota e Ignacio Gallego han reformado un viejo inmueble de 1961 de la calle Hilera

Desde hace unos meses se ha convertido en uno de los edificios más significativos de Málaga gracias a la remodelación realizada por los arquitectos malagueños José Antonio Mota e Isidro Gallego, del estudio Gallego&Mota, que ganaron el concurso privado convocado por el Grupo Vértice para convertirlo en su sede.

Estos dos arquitectos, amigos desde la infancia, se centraron desde el primer momento en las enormes posibilidades del inmueble. «Una de las cosas que más nos llamó la atención fue el sitio que ocupaba, es la cabecera, la entrada y salida de Málaga y hasta parece que está exento, aunque no lo está», comenta José Antonio Mota. 

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Más de 200 casas se beneficiaran de un nuevo plan de rehabilitación

La Junta y el Ministerio de Fomento destinarán 1,6 millones más a poner a punto viviendas del centro de Marbella y de San Pedro Alcántara

La familia de viviendas rehabilitadas gracias a las ayudas públicas sigue creciendo. Si la inversión del Gobierno andaluz en este ámbito asciende ya a 5,32 millones de euros para un total de 816 inmuebles de los centros históricos de Marbella y San Pedro Alcántara, una nueva inyección de subvenciones permitirá poner a punto 228 casas más. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, firmó ayer con la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, Beatriz Corredor, y el Ayuntamiento marbellí un convenio en el marco de la Comisión Bilateral de Vivienda que se traducirá en una inversión de 1,68 millones de euros para la reforma y mejora de viviendas hasta 2014.

Según el acuerdo, el Gobierno andaluz sufragará en torno al 43 por ciento -860.118 euros- y el Ministerio se hará cargo del pago de 820.620 euros (casi el 41 por ciento del total). El 16 por ciento restante correrá a cargo de los propietarios de las viviendas y edificios. El Consistorio, por su parte, se compromete a colaborar con la Junta y con la promotora de los trabajos que se desarrollen para agilizar las autorizaciones municipales que correspondan y, llegado el caso, podría sufragar el coste de la licencia para descargar aún más a los vecinos.

«El acuerdo a tres bandas permitirá dar un nuevo impulso a la línea de trabajo que desarrolla desde 2007 la Consejería de Vivienda en la recuperación y regeneración del centro histórico de Marbella y de San Pedro, de la que se benefician familias con escasos recursos económicos y que genera riqueza y empleo para las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector de la construcción», señaló el delegado provincial del ramo, Enrique Benítez, que asistió en Sevilla a la firma del convenio.

Hasta el momento, se han otorgado 43 subvenciones que han favorecido a 751 viviendas en el marco del programa de Rehabilitación Singular y Edificios, con una cuantía de 4,93 millones, y también se han concedido ayudas por importe de 389.000 euros para la rehabilitación autonómica de 65 viviendas, en concreto, para pequeñas intervenciones de conservación y mejora en pisos de familias con recursos limitados.

La crisis y el retraso en la aprobación de los PGOU frenan la implantación de empresas

Diez municipios tienen sus polígonos paralizados a la espera de que la demanda de suelo industrial se recupere o supere la tramitación urbanística. Vélez Málaga y Benalmádena han planteado rebajas para incentivar la llegada de nuevas firmas.

Diez municipios de Málaga se encuentran con sus proyectos industriales prácticamente parados. La crisis ha hundido la demanda de parcelas en los polígonos industriales existentes, mientras que el retraso en la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) ha impedido la creación de nuevas zonas industriales que sí cuentan con el interés declarado de firmas comerciales.
El panorama no puede ser más desalentador para estas zonas industriales, que no están consiguiendo atraer empresas que generen el necesario empleo para reactivar la economía local. De hecho, en algunos municipios, como Vélez Málaga y Benalmádena, se están planteando rebajas en las tasas para incentivar la demanda de parcelas.

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Los administraciones públicas deberán pagar a las empresas en 30 días

• Las administraciones adeudan 38.000 millones de euros a las empresas
• Para las constructoras y editoriales se fijan plazos 'especiales'

Madrid.- La nueva ley de Morosidad entra hoy en vigor y fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas con un periodo de adaptación, en ambos casos, que se alargará hasta 2013.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a diversos ayuntamientos con el objetivo de que puedan hacer frente a las deudas contraídas con algunas empresas y trabajadores autónomos.

Con ella se pretende equiparar los plazos de pago españoles con los europeos, un hecho que mejorará la competitividad de muchas empresas nacionales. En este caso, hay que señalar que la Administración tiene deudas con varias compañías por un valor de 38.000 millones de euros, mientras que la contraída por las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.

Esta Ley de Morosidad impide a las compañías negociar plazos de pago superiores a los que estipulados y fija un periodo de 'adaptación' a la misma de tres años, hasta el 2013. En este caso, se establece una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.

Con respecto a las empresas privadas este periodo también se extiende hasta 2013. Desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. En cambio, el sector de la alimentación y los productos perecederos tienen la obligación de pagar en 30 días en cualquier caso.

Casos especiales: constructoras y editoriales

En el caso de las empresas constructoras, los plazos de pago serán diferentes y podrán realizarlos a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año siguiente este plazo debe rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio 2013.

El sector del libro tiene un 'régimen especial', que variará en función de las circunstancias én relación con los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el específico régimen de depósito de libros

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Detienen a los gerentes de una empresa que estafaba con 'software' defectuoso

Tres personas han sido detenidas en una operación contra la venta continuada de 'software' a medida para pequeñas y medianas empresas que contenía "errores controlados" de programación para que fallara en una fecha predeterminada.

Según una nota de la Guardia Civil, la estafa, que se llevaba realizando "aproximadamente desde 1998", consistía en que mediante el uso de 'bombas lógicas' en el 'software' que ellos mismos distribuían lograban afectar al funcionamiento de las empresas, y éstasse veían obligadas a llamar al servicio técnico.

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